NUEVA JERSEY – El Comité de Presupuestos y Asignaciones del Senado en Nueva Jersey aprobó un proyecto de ley bipartidista para que los cobradores de deudas no puedan incautar cualquier ayuda financiera gubernamental que reciban los residentes durante la crisis del coronavirus.
La propuesta, que fue patrocinada por la presidenta del Comité de Comercio del Senado, la senadora Nellie Pou, el senador Joe Cryan, el senador Steve Oroho y el senador Joseph Vitale, ahora pasará en manos del Senado para su consideración.
El proyecto de ley S-2330 prohibiría también que las agencias calificadoras afecten negativamente los puntajes de crédito de las personas afectadas por la pandemia y aseguraría que Medicaid cubra el costo de los tratamientos relacionados al COVID- 19. Además, permitiría que más profesionales realicen pruebas y extiendan el período de tiempo antes de que se puedan tomar medidas legales para cobrar cualquier deuda médica relacionada con el coronavirus, entre otras cosas.
"Todo el país se enfrenta a una inestabilidad financiera profunda, tenemos un desempleo récord y la gente lucha por mantenerse saludable y tener un plato de comida en la mesa ", dijo la Senadora Pou. “Cuando ocurre una crisis es obligación del gobierno garantizar que nuestros residentes puedan superar la situación de la manera más segura posible; eso significa evitar que los cobradores de deudas obtengan su asistencia del gobierno, darles tiempo para que paguen sus facturas médicas y asegurar que su futuro financiero no se vea afectado negativamente por circunstancias que estaban fuera de su control".
La única disposición en este proyecto de ley que es permanente, y no depende del estado de emergencia actual, es que prohíbe que un acreedor médico o un cobrador de deudas tome medidas legales durante 180 días después de que se envíe la primera factura.
"La deuda médica es una de las principales causas de quiebra en la nación", dijo el Senador Vitale. "Las medidas en este proyecto de ley darán a nuestros residentes el tiempo necesario para ayudarlos a evitar ese tipo de catástrofe financiera".
Otro pilar del proyecto de ley evitaría la ejecución de sentencias contra los consumidores en demandas de cobro, con algunas excepciones, durante el estado de emergencia y 90 días después.
