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Una nueva ley prohíbe a los propietarios de Nueva Jersey preguntar a sus futuros inquilinos sobre sus antecedentes penales hasta que hayan aprobado sus solicitudes de vivienda. La medida, que entró en efecto el 1 de enero, elimina un obstáculo clave que enfrentan las personas que cumplieron condenas en prisión, que a menudo luchan por encontrar un lugar para vivir.
La Ley de Oportunidades Justas en la Vivienda se encuentra entre las más amplias de su tipo en el país, dicen los defensores de la vivienda. Incluso después de que el propietario realice una verificación de antecedentes penales de un posible inquilino o pregunte sobre condenas anteriores, el propietario debe explicar cualquier rechazo posterior por escrito y dar a los inquilinos potenciales la oportunidad de impugnar los hechos o demostrar que se han rehabilitado.
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Los propietarios aún pueden rechazar a los solicitantes que fueron condenados por asesinato o secuestro. Otras condenas solo pueden citarse como motivo de denegación dentro de un cierto período de tiempo, según el delito. Los delitos más graves, como el robo de vehículos, se pueden considerar dentro de una ventana de seis años. Las infracciones consideradas menos graves, incluidas las agresiones, tienen un período de consideración de un año. Incluso entonces, un propietario debe completar un formulario que explique por qué la condena de una persona es suficiente para negarle una vivienda o cómo representa un riesgo para la seguridad de los demás, según muestran las nuevas reglas estatales.
Los arrestos que no dieron lugar a condenas o registros borrados no pueden ser una base para la negación.
"Esta administración está comprometida a nivelar un campo de juego desigual en lo que respecta al acceso a la vivienda en Nueva Jersey", dijo el gobernador Phil Murphy en un comunicado esta semana. "La vivienda segura es un derecho fundamental".
La Asociación de Apartamentos de Nueva Jersey, que representa a miles de propietarios, expresó en el pasado su apoyo a la legislación bipartidista.
Los propietarios pueden enfrentar multas de hasta $10,000 por incumplir la nueva directriz. Los inquilinos también pueden presentar quejas ante la Oficina del Fiscal General del Estado al escribir a FCHAinfo@njcivilrights.gov o llamando al 1-866-405-3050.
