NUEVA YORK - Cientos de neoyorquinos se congregaron para participar en una manifestación y una marcha desde el Ayuntamiento de Flushing hasta una panadería donde los organizadores dijeron que una mujer asiática fue empujada al suelo a principios de este año.
El presidente del condado de Queens, Donovan Richards, inauguró el evento, con decenas de otros funcionarios electos y activistas comunitarios en los escalones del frente del edificio.
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"Hoy, enviamos un fuerte mensaje desde el distrito del mundo de que no seremos espectadores a quienes odiar", dijo Richards. "Un ataque contra ti es un ataque contra todos y cada uno de nosotros".
Los líderes de la manifestación, a los que se unieron la representante Grace Meng, el senador Chuck Schumer y el alcalde Bill de Blasio, lanzaron gritos que pedían el fin de la violencia, que culminaron con un grito de "detener el odio contra la comunidad asiática".
"En cambio, debemos continuar levantándonos, alzando la voz y marchar para proteger a quienes viven con el temor de viajar por la ciudad a la que han contribuido tanto", agregó Donovan.
La fiscal general de Nueva York, Tish James, también estuvo entre los que se dirigieron a la multitud el sábado y mencionó que un hombre de Harlem aún estaba hospitalizado después de una brutal golpiza la semana pasada.
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"En Nueva York hemos experimentado el aumento más pronunciado en este país con los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático, un 223 por ciento más que en la misma época del año pasado", dijo James a la multitud.
"Nosotros, como comunidad asiático-estadounidense, no solo podemos manifestarnos que el racismo está dirigido a nosotros. Tenemos que salir cuando cualquier otra comunidad está herida", dijo Meng.
La manifestación tomó las calles después de los discursos, completando un circuito alrededor de Flushing que pasó por la panadería donde una mujer asiáticoamericana de 52 años fue atacada en febrero.
Hace casi dos semanas, el Senado de los Estados Unidos aprobó la Ley de Crímenes de Odio COVID-19, que establecería un proceso para que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley federales y estatales investiguen y documenten los delitos de odio contra los asiáticos.
