Un coalición de organizaciones locales presionan a la administración del gobernador Andrew Cuomo para que restaure los fondos del Proyecto de Unidad de la Familia Inmigrante de Nueva York (NYIFUP) y todos los servicios de defensa contra la deportación financiados por el Proyecto de Defensa de la Libertad (LDP).
El LDP financia los programas que ofrecen servicios legales gratuitos o de bajo costo a inmigrantes de bajos ingresos que enfrentan la deportación. Esos fondos han estado en el presupuesto desde 2017, pero la administración de Cuomo optó por un recorte devastador, denuncian los activistas.
“La administración de Cuomo ha limitado los pagos para cubrir el arduo trabajo que ya se ha realizado, lo que amenaza la última línea de defensa para los inmigrantes en riesgo. Un portavoz del presupuesto dijo de manera desconcertante que el estado estaba ‘reteniendo una parte de los pagos’, al tiempo que instaba a nuestras organizaciones a ‘pedir al gobierno federal que actúe’. Es indiscutible que la recesión económica impulsada por la pandemia ha diezmado las arcas del presupuesto estatal y se requerirá creatividad para resolver los próximos déficits, pero la administración de Cuomo se niega a pagar en su totalidad las facturas que se contabilizaron en el presupuesto de 2019”, se lee en un artículo publicado en el Daily News por la Coalición de Inmigración de Nueva York y el Centro de Inmigración y Justicia del Instituto Vera de Justicia.
Esos grupos son parte de una coalición que se conforma por servicios legales, organizaciones de derechos civiles, organizaciones de base, legisladores y activistas que presionan por la restauración de fondos para la defensa de los inmigrantes.
NYIFUP, uno de los servicios del LDP, se anunció en 2017 como un innovador programa de defensores públicos enfocado en proteger los derechos de los inmigrantes de bajos ingresos al borde de la deportación. Desde ese año, los fondos estatales han garantizado la representación legal de las familias que no pueden costear el pago de un abogado ante las endurecidas políticas de inmigración.
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“Limitar los innovadores programas de representación de inmigrantes en Nueva York acelerará de forma inevitable las deportaciones y pondrá en peligro los derechos de los inmigrantes que están separados de sus familias. Las personas que languidecen en este sistema merecen el compromiso de que los servicios legales para inmigrantes sean financiados en su totalidad y aún más fortalecidos”, dice la carta abierta de las organizaciones.
“Bajo la dirección de Cuomo, Nueva York se convirtió en un modelo de liderazgo nacional contra un gobierno federal sin ley. Sería nada menos que una tragedia que el estado abandonara su papel pionero”, añade el documento.
Según una estimación del Vera Institute of Justice, los neoyorquinos representados por un abogado del NYIFUP tuvieron una tasa de éxito del 48% en sus casos, en oposición a una tasa de éxito del 4% de los inmigrantes que carecen de representación legal.
Desde 2017, el estado ha asignado $ 10 millones al Liberty Defense Project, que divide el dinero entre organizaciones sin fines de lucro en todo el estado que ayudan a brindar a los inmigrantes servicios legales que incluyen defensa contra la deportación y representación directa en los tribunales, entre otros servicios.
Las organizaciones argumentan que necesitan más recursos para responder a un número creciente de casos.
Los tribunales de inmigración registraron un récord de casi 130.000 casos pendientes en el año fiscal 2020, según datos de la organización no partidista TRAC Immigration, con sede en la Universidad de Syracuse. Esto es más del doble de la cantidad de casos atrasados en 2014.
