Feminicidio infantil

REPORTAJE ESPECIAL: Feminicidios, flagelo que desangra a la República Dominicana (Parte 1)

La ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer en memoria del legado y la lucha de las hermanas Mirabal.

Puede ser una ironía que la nación que acunó el Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer se desangre plagada de feminicidios. Las estadísticas son devastadoras para las niñas y mujeres dominicanas, pero podrían no representar la realidad en su dimensión absoluta, pues en el país caribeño ni siquiera existe una figura jurídica que clasifique, investigue y procese los casos hasta la condena.

La ONU declaró el 25 de noviembre como Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer en memoria del legado y la lucha de las hermanas Mirabal. El activismo político de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal contra el régimen del presidente Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) no solo se convirtió en un estandarte para las mujeres en República Dominicana, también para las mujeres en el resto del mundo.

"Si me matan, sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte". Esa fue la poderosa consigna de Minerva Mirabal que, a 58 años de su asesinato y el de sus hermanas, se hace cada vez más fuerte en demanda de leyes que tipifiquen el feminicidio más allá de la relación conyugal.

“En República Dominicana no existe la figura jurídica del feminicidio, esto limita a las instituciones de investigación y judiciales, debido a que solo se penalizan los casos donde los agresores son cónyuges o excónyuges de las víctimas como homicidio agravado que tiene una pena de 30 años de prisión”, explicó Flor Batista Polo, investigadora del Observatorio Político Dominicano (OPD), una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

La experta señaló que el 14.8 % de los feminicidios que ocurrieron en 2018 quedaron en la impunidad, pues los agresores continúan prófugos.

Las Casas de Acogida que gestiona el Ministerio de la Mujer ofreció servicios a 1, 383 personas el año pasado, de las cuales el 48. 5 % fueron mujeres adultas y el 51. 5 % menores de 13 años y adolescentes.

“Las actuaciones de las instituciones judiciales del país tienen un proceso más complejo, que podría mejorarse con la inclusión de la perspectiva de género en la evaluación de los casos y en la emisión de sentencias. En 2018, 31 feminicidas obtuvieron medidas de coerción, empero, solo se tiene conocimiento de cuatro casos en los que se haya obtenido una sentencia con penalizaciones de 20 a 30 años de prisión para los agresores”, dijo Batista Polo a TELEMUNDO 47.

El último análisis del Observatorio de Igualdad de Género de la ONU indica que, según la información oficial para 14 países de América Latina y el Caribe, al menos 2,081 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2018.

Si a estas estadísticas se suman los datos de otros nueve países de la región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o expareja de la víctima, este número asciende a por lo menos 2, 321 mujeres muertas por feminicidio el año pasado, destaca el reporte.

Los datos de 2017 y 2018 muestran que El Salvador (6.8), Honduras (5.1), Bolivia (2.3), Guatemala (2.0) y la República Dominicana (1.9) son los países con mayores tasas de feminicidios en América Latina.

PROTOCOLOS PREVENTIVOS, NO REACTIVOS

El Observatorio Político Dominicano estima que el sistema de justicia puede ser deficiente en el país caribeño en cuanto a la investigación de los casos de violencia género en general, pues se concentra básicamente en el feminicidio íntimo, aunque sí existen protocolos de investigación para los casos de violencia contra las niñas y adolescentes dominicanas; sin embargo, los protocolos se enfocan en la protección de las víctimas y no en la clasificación de los casos o en su persecución penal, destacó Batista Polo.

“Esto podría indicar que no son adecuados porque son protocolos reactivos no preventivos y no dejan claro cuáles son los pasos para seguir en estos casos”, comentó la especialista.

En 2014, bajo la Ley N° 550-14, el Congreso aprobó la integración del delito de feminicidio en el nuevo Código Penal, tipificado en el artículo 100.

“Quien, en el marco de tener, haber tenido o pretender tener una relación de pareja, mate dolosamente a una mujer comete feminicidio. El feminicidio será sancionado con treinta a cuarenta años de prisión mayor”, establece la ley, que solo considera el feminicidio íntimo.

HUÉRFANOS POR LOS FEMINICIDIOS, ¿FUTURO INCIERTO?

Desde el 2015, la Vicepresidencia de la República presentó, en el Palacio Nacional, el Protocolo del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Huérfanos por Feminicidios.

El sistema es interinstitucional, es decir, que vincula a varias entidades del Estado para así responder a las necesidades de los menores que sobrevivieron a la violencia. Sin embargo, el carácter interinstitucional puede dificultar el rastreo de víctimas y el seguimiento eficiente de sus casos, pues las instituciones provinciales no tienen una función definida y dependen de la dirección de la Vicepresidencia de la República.

En teoría, un equipo conformado por un abogado, un psicólogo y un responsable del personal de las Oficinas Provinciales de la Mujer (OPM) y de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) deben contactar a los familiares de la víctima de feminicidio y registrar el número de adolescentes y niños que han quedado en la orfandad, así como el lugar de acogida tras la pérdida de la madre y quién asumirá su custodia.

Esa información debe ser enviada al Ministerio de la Mujer y al Programa Progresando con Solidaridad, la institución que administra los programas de asistencia social. Ambas instancias determinan qué clase de ayuda recibirá la familia. El personal está obligado a contactar tres veces al año a los adolescentes y niños en orfandad y a sus familias, indica el protocolo.

Sin embargo, existen factores que dificultan que la ayuda llegue realmente a los huérfanos y las familias que los acogen, “como el registro eficiente de los menores, su movilidad y la falta de personal para dar seguimiento a la alta cantidad de niños que quedan huérfanos cada año”, enfatiza el Observatorio Político Dominicano.

La investigación “Feminicidios en República Dominicana durante el año 2017” de Batista Polo reveló que solo en ese año, 127 hijos (de los cuales el 89% era un menor de edad) quedaron huérfanos de 113 madres víctimas de feminicidio íntimo.

El reporte destaca que la zona metropolitana de Santo Domingo y Santiago fueron las localidades donde ocurrieron el mayor número de casos, seguido por La Altagracia, La Vega y Sánchez Ramírez.

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