Sin acuerdo en caso de familias detenidas

Sin acuerdo en caso de familias detenidas

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    Los centros en Karnes City y Dilley, ambos ubicados al sur de San Antonio, contenían recientemente a más de 2,000 mujeres y niños en total. Una tercera instalación más pequeña está ubicada en el condado Berks, en Pensilvania. Las tres son supervisadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, pero son administradas por operadores privados de prisiones.

    SAN ANTONIO, Texas - El Departamento de Justicia federal y abogados por los derechos de los inmigrantes no lograron llegar a un acuerdo en una demanda sobre las condiciones que enfrentan niños migrantes detenidos junto con sus madres tras cruzar la frontera con México, de acuerdo con documentos presentados el viernes ante una corte en California.

    Los abogados de ambas partes han estado tratando de llegar a un acuerdo desde que la juez federal de distrito Dolly M. Gee emitió un fallo tentativo en abril de que el actual sistema de detención de familias viola un acuerdo judicial alcanzado hace 18 años que prohíbe que niños inmigrantes sean detenidos en instalaciones seguras sin licencia.

    En papeles judiciales interpuestos en Los Ángeles, ambas partes dijeron que habían "trabajado diligentemente para solucionar estos asuntos" pero no pudieron alcanzar un acuerdo, e indicaron que "más conversaciones serían infructuosas".

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    Los abogados por los derechos de los inmigrantes que presentaron la demanda se sintieron decepcionados de que no vieron más disposición del gobierno para honrar el acuerdo anterior, dijo Peter Schey, director general del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional, tras la presentación de los documentos.

    "Seguiremos luchando hasta que alcancemos una política que coloque a estos niños en el escenario menos restrictivo", señaló.

    Funcionarios del Departamento de Justicia dijeron que no harán comentarios al respecto más allá del documento.

    El gobierno inyectó millones de dólares a dos grandes centros de detención para mujeres y niños después de que decenas de miles de familias inmigrantes, la mayoría madres con niños de Centroamérica, cruzaron el río Bravo e ingresaron a Texas a mediados del año pasado. Muchos han afirmado que huían de la violencia de pandillas y de sus hogares en su país.

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    Los centros en Karnes City y Dilley, ambos ubicados al sur de San Antonio, contenían recientemente a más de 2,000 mujeres y niños en total. Una tercera instalación más pequeña está ubicada en el condado Berks, en Pensilvania. Las tres son supervisadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, pero son administradas por operadores privados de prisiones.

    En su fallo tentativo, Gee había determinado que detener a niños viola partes de un acuerdo de 1997 de un caso anterior. El acuerdo requiere que niños inmigrantes sólo sean entregados a orfanatos o a parientes, y si deben permanecer retenidos, deberían ser mantenidos en el ambiente menos restrictivo posible, en instalaciones con licencia para atender a niños.

    Dijo también que el acuerdo cubría a todos los niños bajo custodia de funcionarios federales de inmigración, incluso los que tienen a un progenitor, y que las nuevas instalaciones de detención son seguras y no cuentan con las licencias adecuadas para el manejo de niños.

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    El Departamento de Justicia había argumentado que era necesario modificar el acuerdo y utilizar la detención con el fin de intentar disuadir a otros inmigrantes para que no vengan a la frontera tras la gran cantidad que llegaron el año pasado. Unos 38,000 niños arribaron con sus madres a la frontera durante el año fiscal 2014.

    El gobierno dijo también que era una forma de mantener juntas a las familias mientras se revisaban sus casos de inmigración.

    Desde el fallo tentativo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha prometido hacer que las instalaciones sean más adecuadas para los niños y proporcionar mejor supervisión. El mes pasado, Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional, anunció el fin de la detención a largo plazo para madres con niños que presenten casos creíbles de que temen persecuciones en sus países natales.