WASHINGTON - El presidente republicano de la cámara baja expresó su disposición a reformar el sistema migratorio pero dejó claro que no aceptará el proyecto de ley aprobado esta semana por la comisión judicial del Senado sino que producirá una versión propia.
Un grupo bipartidista de ocho representantes que negocia de manera interrumpida desde 2009 a puertas cerradas un proyecto de ley integral continuará negociando pese a haberse impuesto voluntariamente esta semana como fecha límite para culminar el proceso.
El representante por Ohio, John Boehner, dijo en conferencia de prensa que la cámara baja "tendrá su versión sobre inmigración. No seremos atropellados por la Casa Blanca ni por el presidente".
"El Senado está trabajando en su versión, mucho trabajo bueno allá. Pero la cámara baja trabajará su versión. No me pregunten cómo, porque si supiera, ciertamente les diría, pero la cámara tendrá su versión", agregó.
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"Estoy confiado en que tendremos un producto sólido que podamos llevar a una conferencia (de conciliación) con el Senado".
Numerosos integrantes de la bancada republicana han criticado al proyecto de ley del Senado porque consideran que no condiciona de manera adecuada el reforzamiento de la seguridad fronteriza antes de brindar a 11 millones de inmigrantes sin documentos la opción de la nacionalizarse como estadounidenses.
A diferencia del enfoque integral con el que el Senado ha abordado la reforma migratoria, la comisión judicial de la cámara baja ha presentado proyectos de ley separados.
El presidente de la comisión judicial de la cámara baja, el republicano por Virginia Bob Goodlatte, introdujo el jueves un proyecto de ley relacionado a las visas para trabajadores especializados.
Al ofrecer una conferencia de prensa, la jefa de la bancada demócrata Nancy Pelosi (California) coincidió en expresar su expectativa de "tener una versión en la cámara baja con apoyo bipartidista para llegar a la mesa (de negociaciones) y reconciliar nuestras discrepancias".
Tras reunirse la tarde del jueves los congresistas dijeron que las negociaciones siguen en marcha.
Uno de los ocho negociadores, el republicano por Idaho Raúl Labrador, dijo que el acuerdo sigue en pie para que los inmigrantes sin documentos no reciban subsidios gubernamentales e indicó que aparentemente hubo un malentendido que llevó a los demócratas a pensar que los republicanos intentaban negar a los inmigrantes atención médica de emergencia.
"Tal vez hubo alguna confusión sobre los detalles, pero creo que estamos bien"; dijo Labrador a reporteros.
Otro integrante del grupo negociador, el demócrata por Illinois Luis Gutiérrez señaló que "vamos a llegar allá. Se hará justicia para nuestra comunidad inmigrante".
Pelosi se expresó "optimista" sobre las posibilidades de que el grupo bipartidista logre un acuerdo y explicó que "hay algunas diferencias de opinión sobre qué representa un obstáculo insuperable, qué puede ser una condición legítima".
"Necesitamos hallar una manera, y en eso es que estamos trabajando", agregó Pelosi refiriéndose a la discrepancia principal: cómo pagar por los seguros médicos de los inmigrantes sin papeles.
Los demócratas argumentan que el costo anual promedio de 20.000 dólares por el seguro médico puede representar un monto inaccesible para muchos inmigrantes.
Pelosi negó que su bancada se hubiera retractado de su compromiso inicial de permitir que los inmigrantes sin documentos asuman el costo de su seguro médico.
"Hemos dicho desde el primer día, en la ley de reforma de salud y lo diremos aquí otra vez, que los indocumentados no tendrán acceso a subsidios en la reforma de salud. Cualquier representación contraria simplemente no es cierta":
Labrador respondió "eso es correcto" cuando reporteros le preguntaron la víspera si los negociadores demócratas habían accedido originalmente a que los inmigrantes sin documentos asumieran el costo de su seguro médico hasta que Pelosi expresara esta semana su oposición alegando que el costo sería inalcanzable para muchos inmigrantes.
Pelosi se refirió a otra discrepancia entre ambos partidos, al considerar "muy drástica" la idea de que los inmigrantes sin papeles pierdan el estatus legal provisional si a los cinco años no está completamente operativo el E-Verify, tal como estipula el texto negociado actualmente.
La versión del Senado otorga un plazo de siete años para darle carácter obligatorio al E-Verify, una base de datos actualizada por el gobierno federal que permite a los patronos verificar si sus empleados están autorizados para trabajar legalmente en Estados Unidos.
El grupo de los ocho en la cámara baja lo completan los demócratas Xavier Becerra y Zoe Logfren (ambos por California) y John Karmuth (Kentucky) y los republicanos Mario Diaz-Balart (Florida), John Carter y Sam Johnson, ambos por Texas.
El proyecto de ley solo entrará en vigencia después de que lo apruebe la plenaria del Senado, y que la cámara baja haga lo propio tras recibir una versión aprobada por su Comisión Judicial.
Solo después de que ambas cámaras reconcilien sus versiones es que pasaría a firma del presidente Barack Obama para que se ejecute, quien ha dicho que espera hacerlo este año.
