Prometen ser justos y rápidos

El gobierno se comprometió a actuar con celeridad para atender a 1,76 millones de "dreamers".

Prometen ser justos y rápidos
Crédito: Getty Images
Por AP 30 de julio de 2014

NUEVA YORK - Las autoridades estadounidenses se comprometieron el martes a responder con rapidez y justicia a los 1,76 millones de jóvenes inmigrantes sin papeles que ahora se calcula podrían solicitar la suspensión de sus deportaciones bajo un nuevo programa gubernamental.


Alejandro Mayorkas, director del Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS por sus siglas en inglés), dijo que su agencia planea contratar a más personal para lidiar con los casos de jóvenes sin papeles que fueron traídos al país por su padres cuando eran niños y que ahora se podrían ver beneficiados por el programa.


La cifra de inmigrantes que podrían ver suspendidas sus deportaciones temporalmente aumentó desde el anuncio reciente del gobierno de que los jóvenes sin diploma escolar pero que se reinscriban a una escuela superior también podrán beneficiarse del programa.


Eso significa que aproximadamente 350,000 jóvenes inmigrantes que no se han graduado de la secundaria o no han obtenido un certificado de aprobación del examen de Desarrollo Educativo General (conocido como GED en Estados Unidos) también podrán solicitar la suspensión de sus deportaciones si están inscritos en una escuela.


La cifras fueron recalculadas por el Instituto de Políticas Migratorias que en junio estimó que 1,39 millones de jóvenes inmigrantes podrían beneficiarse de la iniciativa.


"El programa, con sus requerimientos en educación, ofrece a estos jóvenes un importante incentivo para quedarse en la escuela y obtener un diploma de secundaria", dijo Margie McHugh, codirectora de Centro Nacional de Política de Integración de Inmmigrantes del MPI (Instituto de Políticas Migratorias).


Fue en junio cuando el presidente Barack Obama anunció los principios de esta política, sin dar detalles específicos. Empezará a aplicarse el 15 de agosto.


Mayorkas dijo durante un foro organizado por el MPI en Washington que su agencia está "preparada para lidiar con el aumento" en el cálculo de jóvenes inmigrantes.


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"Estamos intentando crear un proceso que sea eficiente y que ofrezca resultados lo antes posible para que esta sea la experiencia positiva que el público espera de nosotros", dijo Mayorkas.


No aclaró cuántas personas contratará USCIS para responder al total de solicitudes, pero destacó que un equipo de supervisores analizará las decisiones que tomen funcionarios de USCIS sobre cada caso para asegurar que la conclusión es correcta y justa. Las decisiones de la agencia serán inapelables.


Los jóvenes podrán suspender su deportación si demuestran haber estado en Estados Unidos al menos durante cinco años, tener menos de 31 años, haber llegado al país antes de los 16 años, estar en la actualidad inscritos en alguna escuela de secundaria estadounidense, haber concluido sus estudios en una secundaria estadounidense u haber obtenido un certificado de aprobación del examen GED y haberse enrolado en las fuerzas armadas y/o haber estado o estar cursando estudios universitarios.


La medida les permite también solicitar un permiso de trabajo de dos años de duración, que puede ser renovado.


Los cinco estados con el mayor número de jóvenes en situación de optar por el programa son California (460,000), Texas (210,000), Florida (140,000), Nueva York (110.000) e Illinois (90.000). Estos estados representan el 57% del total de jóvenes elegibles para beneficiarse de la medida, según datos del MPI.


La institución también dijo que casi tres de cada cuatro -o un total de 1,3 millones- inmigrantes elegibles nacieron en México o en América Central.


Mayorkas destacó que tan sólo jóvenes inmigrantes mayores de 15 años y que no se encuentren en proceso de deportación podrán enviar su solicitud para ser considerados a partir del 15 agosto. Los que se encuentren en proceso de deportación y quieran beneficiarse del programa podrán enviar su solicitud aunque tengan menos de 15 años.


El MPI calculó que un 72% de los 1,76 jóvenes potencialmente elegibles tiene 15 o más años.


Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho de Inmigración, recomendó durante el foro que el gobierno informe al sector privado sobre la nueva normativa para así asegurar que los dreamers no tienen problemas a la hora de ser contratados.


Los expertos que participaron en el foro también dijeron que muchos dreamers aún tienen dudas y preguntas sobre los documentos a presentar y que la credibilidad del gobierno está en juego si el programa no se aplica de la forma anunciada.


El gobierno anunció el viernes que las solicitudes de quienes hayan sido condenados por delitos graves, por tres infracciones menores o una infracción menor significativa serán rechazadas y se iniciará su proceso de deportación.


Los delitos graves incluyen abuso sexual, violencia doméstica, tráfico de drogas, conducir bajo estado de ebriedad, robo a viviendas, o porte ilegal de armas, entre otros. Conducir sin licencia y actos de desobediencia civil no se consideran delitos graves, dijo Mayorkas el martes.


El coste para los dreamers que quieran solicitar la suspensión de su deportación es de 465 dólares, aunque Mayorkas explicó que jóvenes que demuestren que no pueden pagar la cifra quedarán exentos de pago. Estos incluyen a jóvenes sin techo, jóvenes con discapacidades serias o crónicas y jóvenes con fuertes deudas acumuladas, entre otras condiciones.


MPI calcula que un 58% de los potenciales beneficiarios de la medida y que tienen o son mayores de 15 años trabajan.