Holder reta a Joe Arpaio

LAS VEGAS - El Departamento de Justicia de Estados Unidos protegerá de manera agresiva las libertades civiles, los derechos de voto y la seguridad de los latinos en el país, prometió este fin de semana el fiscal feneral Eric Holder, durante una alocución pronunciada en la convención anual del Concilio Nacional de La Raza (NCLR) en Las Vegas.

Además, Holder advirtió específicamente al sheriff del condado de Maricopa, en Arizona, Joe Arpaio, así como a toda agencia que quisiese imitar las acciones de Arpaio para capturar y expulsar inmigrantes indocumentados a toda costa.

“Este tipo de políticas no tienen lugar entre las agencias de la ley responsables, y ni deben ni van a ser toleradas mientras yo siga siendo el fiscal general de Estados Unidos”, anunció Holder.

La declaración llevó a aplausos del público presente.

En mayo, el Departamento de Justicia presentó una demanda judicial contra Arpaio y el condado de Maricopa en Arizona por supuesto patrón de perfilamiento racial, hostigamiento y violación de derechos civiles dirigidos por Arpaio contra barrios latinos en el área de Phoenix.

La promesa de Holder tiene lugar dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia dictaminó lo que muchos analistas legales consideran una decisión dividida que podría afectar la vida de millones de latinos.

El tribunal declaró que tres de las provisiones de la ley migratoria estatal de Arizona SB1070 es anticonstitucional, pero dejó en su lugar el inciso llamado “Muéstreme sus documentos”.

Esta parte requiere de los agentes inquirir acerca del estado migratorio de cualquier persona sospechosa de ser indocumentada, y su aplicación ha sido suspendida hasta que una corte federal la inspeccione. Sin embargo, activistas de derechos civiles dicen que si se implementara, este inciso y otros similares en diferentes estados del país podrían hacer que millones de latinos sean revisados frecuentemente por la policía, llevando a arrestos y detenciones ilegales.

El 30% de la población de Arizona es latina. Además, la promesa expresada por Holder ante el público latino llega dos semanas después de que el Congreso aprobara una resolución de desacato criminal en su contra.

Holder se negó a entregar al poder legislativo documentos relacionados con el operativo Rápido y furioso (Fast and Furious), una investigación federal de las rutas de adquisición de armas en Estados Unidos que luego son entregadas a cárteles de la droga en México.

Una de las armas así contrabandeadas fue posteriormente hallada en la escena de un tiroteo en el que un agente de la ley estadounidense resultó muerto. La función que cumplieron funcionarios del Departamento de Justicia en este operativo no ha sido aún dilucidada. Holder es el primer secretario (ministro) en ejercicio, del gobierno de Estados Unidos, que podría ser juzgado criminalmente por resolución del Congreso.

Holder ha declarado que la acusación es motivada por el desprecio dentro de la Cámara de Representantes, controlada por el partido Republicano, hacia el tipo de casos investigados por su departamento.

El sábado, el secretario dijo a los asistentes a la convención de NCLR que desde 2009, el Departamento de Justicia ha iniciado más casos relacionados con delitos de tolerancia y que implican declaraciones violentas o peligrosas de perjuicios raciales que durante todos los ocho años de la administración Bush.

La división de derechos civiles de la agencia federal ha forzado a varias firmas financieras a pagar multas récord. Estas empresas, entre las cuales se cuenta Countrywide Financial –controlada por el Banco de América– habían incurrido en prácticas deliberadas y sistemáticas que dejaron a al menos 200,000 dueños de casa afroamericanos y latinos con préstamos más costosos que propietarios blancos con similares niveles de ingreso y de crédito. Estos préstamos llevaron a que los propietarios latinos y negros estén sujetos a un más alto riesgo de perder su casa en ejecuciones hipotecarias (foreclosure).

A partir de 2010, más de 30 estados han aprobado o considerado leyes que podrían requerir a los votantes a presentar documentos de identidad estatales con fotografía para poder ejercer su derecho al voto. El Departamento de Justicia, anunció Holder, llevará sus objeciones a esas leyes a tribunales. Precisamente, este lunes inicia uno de estos casos en el que la dependencia federal demanda al estado de Texas.

“Así como muchos de ustedes, yo crecí en una familia, en una comunidad de inmigrantes”, dijo Holder, cuyo padre y abuelos maternos inmigraron a Estados Unidos desde Barbados.

“Comprendo que a pesar del progreso registrado, nuestra nación sigue luchando para eliminar las disparidades y la injusticia. Nos queda mucho por recorrer en el camino hacia la igualdad”, dijo Holder.

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