Pasan “muéstrame tus papeles”

ATLANTA - Las autoridades policiales de Georgia podrán, al menos por ahora, verificar el estado migratorio de las personas que detengan si éstas no pueden identificarse debidamente, dijo en un fallo una corte de apelaciones.

Un panel de tres magistrados de la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito señaló el lunes que procede levantar el fallo de un tribunal de menor instancia que impedía la entrada en vigencia de ese punto de la ley de inmigración aprobada en 2011 en el estado. Se desconoce la fecha en la que esto tendrá lugar.

Los jueces dejaron válido parte de un requerimiento que impide enjuiciar a personas que a sabiendas alberguen o transporten a un inmigrante no autorizado durante la comisión de un delito.

Una corte de menor instancia todavía debe resolver ambos puntos dentro de una impugnación judicial más amplia que presentaron grupos activistas y sindicatos contra esa ley. La decisión del lunes sólo estaba relacionada con requerimientos preliminares.

La decisión se apega al tenor del reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que ratificó partes de una ley similar en Arizona. La corte, con sede en Atlanta, mencionó ese fallo en su opinión para levantar el requerimiento en cuanto a la verificación, conocido como sección 8.

"En el caso de Arizona vs. el gobierno federal de Estados Unidos, la Corte Suprema aprobó una provisión estatal similar y en virtud de que esa decisión la ratificó, igualmente concluimos en esta etapa del pleito que los demandantes posiblemente no ganarán en el reclamo de que la sección 8 sea desplazada por la ley federal", escribió el panel.

Georgia es uno de los diversos estados además de Arizona que han decretado en los últimos años leyes contra la inmigración ilegal. Los proponentes arguyen que estas normativas son necesarias en parte debido a la presunta inacción federal contra la inmigración ilegal. Los detractores arguyen que muchas de las leyes son punitivas contra los inmigrantes y que el gobierno federal debe ser el rector de la política de inmigración.

El juez de circuito Charles Wilson escribió en la decisión -de 33 páginas- que la disposición de verificar la condición migratoria en la ley de Georgia "es claramente menos problemática que la disposición" que la Corte Suprema dejó en pie en Arizona.

La normativa de Arizona obliga a las autoridades a investigar la condición migratoria de un detenido que no pueda mostrar su estada legal el país. La ley de Georgia simplemente autoriza esa acción.

Sin embargo, Wilson también destacó la explicación de la Corte Suprema de que estaba al lado de Arizona antes de la actual entrada en vigencia de la ley. "La Corte dejó abierta la posibilidad de que la interpretación y aplicación de la ley de Arizona pueda resultar problemática en la práctica y se rehusó a excluir futuras apelaciones", escribió Wilson.

Básicamente, razonó la corte, los futuros quejosos podrían presentar reclamos constitucionales si la ley es puesta en marcha de una a forma discriminatoria. Wilson destacó que la ley de Georgia prohíbe específicamente que haya etiquetamiento racial en su aplicación.

Ambos bandos se dijeron ganadores en el fallo dividido.

En un comunicado, el procurador general de Georgia, Sam Olens, se dijo complacido en lo general con el fallo pero no estuvo de acuerdo en la sección cuya entrada en vigencia impidió la corte.

"Después de más de un año de pleito, sólo quedó anulada una de las 23 secciones de la 87 (del proyecto de ley de la Cámara de Representantes). Estamos revisando el fallo del 11mo circuito para determinar si una ulterior apelación sería apropiada en esta etapa del caso", expresó Olens.

Un portavoz del gobernador Nathan Deal también se centró en el resultado inmediato. "Sabíamos que Georgia tenía una posición fuerte" tras el fallo relacionado con Arizona, señaló Brian Robinson.

El abogado Omar Jadwat, de la Asociación Nacional para la Defensa de los Derechos Civiles, expresó su disgusto de que la corte no ratificara el requerimiento en cuanto al punto de la verificación de la condición migratoria. Sin embargo, señaló que le complacía la decisión de la corte de ratificar una parte del requerimiento.

"Creo que es una señal fuerte de que serán anuladas todas las disposiciones relacionadas al alojamiento (de inmigrantes no autorizados) en el estado", señaló Jadwat.

También dijo que la organización continuará impugnando judicialmente las disposiciones relacionadas a que las personas muestren documentos migratorios en las leyes estatales de inmigración.

"La corte rechazó hoy muchas partes de las leyes de Alabama y Georgia contra las leyes de inmigración, entre estas intentos por criminalizar las interacciones diarias con inmigrantes no autorizados y el monstruoso intento de Alabama por privar algunos menores de su derecho constitucional a la educación", señaló el abogado en un comunicado.

"La corte explícitamente dejó abierta la posibilidad de ulteriores apelaciones contra la disposición de mostrar los papeles sobre la condición migratoria; continuaremos dando la batalla", apuntó.

El representante estatal republicano Matt Ramsey, que impulsó el proyecto de ley de inmigración, señaló que "igual que cuando nos satisfizo que la Suprema Corte ratificara uno de los puntos centrales de la ley de Arizona... estamos complacidos de que el 11mo circuito ratificara una disposición similar de nuestra ley en Georgia".

Examinaron el caso con Wilson el juez de circuito Beverly Martin y el juez federal Richard Voorhees, éste último designado especial por parte de la corte de juicios federales en Carolina del Norte. Los demócratas nombraron a Wilson y Martin, y los republicanos a Voorhees.

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