HOUSTON – Una jueza determinó que el patrón de la empleada doméstica presuntamente esclavizada en Katy no podrá salir del país, por lo que se le exigió entregar cualquier documento de viaje.
Chudi y Sandra Nsobundu, de 56 y 50 años, respectivamente, comparecieron este martes ante la Corte Federal tras ser acusados de abusar de una mujer de 38 años al someterla a trabajo forzado como empleada doméstica, ya que –supuestamente- la obligaban a trabajar largas jornadas de trabajo (entre las 5:30 a.m. y la 1 a.m. del siguiente día) sin recibir pago.
Según la acusación, la mujer se encargaba de limpiar la casa, preparar las comidas y cuidar de cinco niños.
La jueza les puso como condición a los acusados no cambiar de dirección, no violar ninguna ley, ni discutir el caso entre ellos, so pena de ser encarcelados nuevamente al revocar la libertad condicional. Se les estableció una fianza de $5,000.
La acusación contempla, además, cargos por retención de documentos, conspiración para albergar inmigrantes sin documentos y fraude al sistema de visas.
De acuerdo con el testimonio de la presunta víctima, la mujer era sometida a abuso físico y verbal mientras trabajaba, ya que la llamaban “la idiota”. Así mismo, que quejó de que no se le permitía ver televisión y ni siquiera tomar descanso durante sus horas de trabajo.
La declaración de la mujer nigeriana asegura que tenía que dormir en el piso y que, además, no se le permitía comer alimentos frescos, sino que tenía que consumir lo que sobraba de las comidas que preparaba para la familia.
EEUU
La presunta víctima también alegó que Sandra Nsobundu la tomó por el pelo y la golpeó en la cara en una oportunidad debido a que no le habían gustado las medias que le puso a uno de los niños.
En la acusación contra esta familia, la mujer nigeriana aseguró que la familia Nsobundu le retuvo sus documentos de viaje como pasaporte y que a pesar de que habían acordado pagarle el equivalente a $100 al mes por su trabajo, este dinero nunca le fue pagado durante los más de dos años que permaneció laborando en la residencia.
La mujer fue rescatada el 10 de octubre pasado luego de que el Centro de Recursos Nacionales contra el Tráfico Humano recibiera información anónima al respecto.
Si la pareja es hallada culpable de las acusaciones enfrentan hasta 20 años en una prisión federal y una multa de hasta $250,000.
El caso fue anunciado por el fiscal general para el sureste de Texas, Kenneth Magidson e investigado por agentes de Seguridad Nacional y el FBI, alguaciles del Condado Fort Bend e investigadores del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado.
