El gobernador de Puerto Rico promulgó el jueves una reforma laboral que apunta al sector privado y busca estimular la economía, pese a las preocupaciones de que la nueva ley afectará los derechos de los trabajadores.
La ley aprobada implementa horarios flexibles, reduce una bonificación navideña obligatoria, reduce la paga por las horas extra e implementa un período de pruebas de nueve meses para la mayoría de los trabajadores. Además, se derogó una ley que autorizaba un bono adicional para quienes trabajan en domingo.
Los partidarios dicen que la ley estimulará las inversiones, mientras que los que se oponen a ella argumentan que solamente empeorará el éxodo de profesionales a Estados Unidos.
"En los últimos 10 años hemos perdido casi 300,000 empleos y esto ha provocado que varios hermanos puertorriqueños se hayan mudado a Florida y otras jurisdicciones buscando trabajo y calidad de vida", dijo del gobernador Ricardo Rosselló. "Es hora de detener la migración y la separación de familias creando los empleos".
Los cambios son algunos de los prescritos por una junta de supervisión federal que considera que las regulaciones vinculadas con retención de empleados, pago por despido y horarios flexibles deberían reflejar los estándares estadounidenses.
La nueva ley ahora permite que los empleados del sector privado trabajen hasta 10 horas al día durante cuatro días sin poder cobrar horas extra, y aumenta el subsidio por desempleo desde un máximo de 133 a 240 dólares por semana.
Sin embargo, permanece la preocupación porque la isla está sumida en una profunda crisis económica y enfrenta un desempleo de 12%, comparado con el promedio en Estados Unidos de casi 5%.
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La gente se empobrecerá más y gastará menos, dijo el legislador Ramón Luis Cruz en entrevista telefónica. Consideró que esto desacelerará la economía en lugar de hacerla avanzar.
Cruz explicó que la ley también anticipa una mayor privatización de las agencias del gobierno y el establecimiento de asociaciones público-privadas.
La ley es la más reciente de varias promulgadas por Rosselló en un intento por estimular la economía mientras la junta de control federal busca la implementación de más medidas de austeridad.
