El estado de Nueva York pagará $3 millones a la familia de un niño discapacitado que fue repetidamente abusado sexualmente por un empleado de un grupo que trabajaba directamente para el estado.
El ex empleado, Stephen DeProspero, está encarcelado en la instalación correccional de Attica. Fue incriminado por los videos y las fotografías que él tomó de los actos cometidos contra la víctima, que ocurrieron entre 2005 y 2008 en una facilidad situada al centro de New York.
Funcionarios estatales dijeron que existen nuevas políticas para prevenir crímenes similares. Pero un importante crítico de la atención institucional estatal dijo que los problemas persisten.
La Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, que supervisa el cuidado de más de 128,000 neoyorquinos, ha tomado medidas para fortalecer la seguridad, de acuerdo con el portavoz Scott Sandman. Incluyen evaluaciones psicológicas previas al empleo y mejor capacitación del personal sobre las maneras de prevenir, reconocer y denunciar abuso y negligencia. Se requiere que los administradores superiores hagan inspecciones sin previo aviso de las instalaciones estatales.
El Centro de Justicia investigó sólo seis de las casi 1,400 muertes de personas con discapacidad de desarrollo que murieron bajo atención estatal desde el 30 de junio de 2013 hasta el 31 de mayo de 2015, según una revisión realizada el año pasado por la agencia The Associated Press (AP).
En el caso de DeProspero, las reseñas que pudieron haber llevado a una investigación pasaron por desapercibidas.
Algunos de los abusos se produjeron en un área abierta y común de la casa del grupo, de acuerdo con los documentos legales. En otro caso, DeProspero registró un video de abuso en el transcurso de cuatro horas en la víspera de Navidad de 2007, a pesar de que DeProspero no estaba programado para trabajar ese día.
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DeProspero, de 43 años, se declaró culpable de una agresión sexual predatoria en 2010 y fue sentenciado a 18 años de cárcel. También se declaró culpable de fabricar pornografía infantil y fue condenado a 40 años. Las sentencias se cumplen al mismo tiempo.
Llegó a la atención de las autoridades en 2009, cuando una investigación de pornografía infantil en por internet los llevó a su computadora. Más tarde se descubrieron fotos y videos de los abusos.
El acuerdo de $3 millones entre el estado y la familia de la víctima fue finalizado a fines del año pasado. Su intención es pagar por el cuidado futuro de la víctima y visitas con su madre.
La víctima, ahora de 20 años, tiene trastorno de hiperactividad por déficit de atención y autismo y mayormente no habla. Él permanece en una casa de grupo operada por el estado.
