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PHOENIX- La decisión de gobierno federal de impedir al jefe de la policía de Arizona que verifique la calidad migratoria de los presos propiciará la liberación de delincuentes, afirmó el viernes el principal fiscal del condado de Maricopa.
El fiscal Bill Montgomery solicitó al presidente Barack Obama que ordene a las autoridades de Seguridad Nacional la restitución inmediata del acceso a los sistemas federales revocados el día anterior.
La decisión del gobierno tuvo lugar después de que el Departamento de Justicia determinó que la oficina del jefe de la policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, demostró un "desconocimiento institucional" de los derechos constitucionales de los hispanos en las acciones que ha centrado en los inmigrantes sin permiso para estar en el país.
El Departamento de Justicia dijo el jueves de que la oficina policial aplicó un patrón flagrante de discriminación contra los hispanos y un "desconocimiento institucional" de la constitución. Estas aseveraciones constituyen las críticas más severas a la fecha a las acciones de Arpaio para combatir la inmigración ilegal en los últimos seis años en Arizona.
El fiscal del condado, Bill Montgomery, dijo que las acciones del gobierno federal impedirán a su oficina la aplicación en Arizona de una ley que niega la libertad bajo fianza a los inmigrantes acusados de delitos graves y que carecen de autorización para estar en el país.
Arpaio, desafiante y a quien tomó por sorpresa el informe del jueves del Departamento de Justicia, describió el contenido como una agresión con motivos políticos por parte del gobierno del presidente Barack Obama y que convertirán a Arizona en insegura porque permitirá la permanencia en las calles de los inmigrantes ilegales.
El gobierno de Obama "también podría erigir su propio anuncio con luz neón rosa en la frontera entre Arizona y Nuevo México que diga ilegales, bienvenidos a vuestros Estados Unidos, mi casa es su casa", expresó Arpaio.
El gobierno determinó que la oficina de Arpaio cometió una amplia gama de infracciones a los derechos civiles contra los hispanos, como patrullajes injustos de inmigración y políticas carcelarias que privaron a los prisioneros de los derechos constitucionales fundamentales.
"Encontramos políticas policiales discriminatorias que están enraizadas profundamente en la cultura del departamento, una cultura que propicia un desconocimiento institucional de las protecciones constitucionales elementales", dijo Thomas Pérez, quien encabeza la división de derechos civiles del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia utilizará el informe en busca de mayores cambios en la oficina de Arpaio, tales como nuevas políticas contra la discriminación y mejoras del personal y agentes.
Arpaio afronta la fecha límite del 4 de enero para que diga si desea un acuerdo para la elaboración de los cambios. Si no lo desea, el gobierno federal lo demandará, situación que podría poner en peligro millones de dólares de financiamiento federal dirigido al condado de Maricopa.
