Viene un año dificil

WASHINGTON - Varias leyes nuevas que entran en vigencia en 2012 en Estados Unidos reflejan las preocupaciones de los gobiernos estatales en materia de inmigración, presupuestos y la mejor manera de proteger a los jóvenes.

En Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Tennessee entrarán en vigencia nuevas leyes para reducir la inmigración ilegal.

Alabama, el estado con la ley más intransigente del país en cuanto a la inmigración ilegal, promulgará una disposición clave que obligará a todos los empleadores que hacen negocios con cualquier entidad del gobierno a que utilicen el sistema federal E-Verify para comprobar que todos los nuevos empleados están residiendo legalmente en Estados Unidos.

En Georgia entrará en vigencia una ley similar que requiere que cualquier empresa con 500 empleados o más use el E-Verify para verificar la elegibilidad laboral de los recién contratados. El requisito se aplicará gradualmente, de manera que todos los negocios con más de 10 empleados quedarán incluidos.

Tennessee también obligará a las empresas a asegurarse de que sus empleados están autorizados legalmente a trabajar en Estados Unidos, pero eximirá a los empleadores con cinco trabajadores o menos, al permitirles pedir una copia de la licencia de conducir del nuevo empleado.

Una ley de Carolina del Sur obligará a los policías a preguntar a sospechosos de delitos o a personas detenidas por infracciones de tránsito sobre su estatus migratorio.


California también estrenará una ley sobre la inmigración ilegal, pero en sentido contrario: permitirá que aquellos estudiantes que ingresaron al país ilegalmente puedan recibir ayuda financiera privada en universidades públicas.
Los estudiantes de California, en tanto, asistirán a cursos obligatorios sobre los aportes de los gays y las lesbianas a la sociedad. En Nueva Hampshire, las menores embarazadas que quieran abortar deberán informar previamente a sus padres o un juez. En muchos estados, las leyes aprobadas este año entrarán en vigencia el 1 de enero. En otros, el 1 de julio o 90 días después de su sanción.
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