Las drogas y las leyes en América

El consumo de drogas y las leyes

Unos están a favor de que sean legales, otros quieren todo el peso de la ley contra ellas. Aquí más información.

Las drogas y las leyes en América

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BOGOTA, Colombia - La Organización de los Estados Americanos aspira a que el informe sobre el problema de las drogas en la región sea la materia prima para que los países puedan ponerse de acuerdo en la lucha contra los estupefacientes.

El reporte fue presentado el viernes el secretario general de la OEA José Miguel Insulza y el presidente colombiano Juan Manuel Santos.

Insulza dijo que se trata de un análisis de escenarios posibles, pero sobre todo un "llamado al diálogo sobre estos temas. Estamos a tiempo, tenemos la fuerza para hacerlo, tenemos la disposición a hacerlo... es un intento por buscar una síntesis de la sinergia que nos permita avanzar".

Santos explicó que no se trata de recomendaciones ni pronósticos, "son simples opciones realistas, ajenas a prejuicios y ajenas a dogmas". Para el mandatario colombiano, los países de la región comparten las mismas metas: "Que se disminuyan las muertes, que se disminuya la violencia que provoca el narcotráfico, que se reduzca el consumo de drogas, que se quiten las ganancias a los criminales", afirmó en declaraciones a la prensa. No se permitieron preguntas.

"O sea compartimos un destino común. En lo que a veces diferimos es en el cómo (frenar esos problemas)... y este informe nos va a ayudar a cómo ponernos de acuerdo", destacó Santos, quien ha admitido que fumó marihuana cuando era estudiante en Estados Unidos.

Aunque el documento de la OEA no toca uno de los asuntos más sensibles y debatidos, la legalización del consumo de cocaína y marihuana, por ejemplo, en su análisis sí menciona que "la despenalización" debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública. Las "medidas restrictivas de libertad son antagónicas de este enfoque y sólo deberían usarse cuando esté en riesgo la vida del adicto o cuando su conducta constituya un riesgo para la sociedad", indicó.

Santos advirtió que "aquí nadie está defendiendo ninguna postura ni la legalización, ni la regulación, ni la guerra a cualquier precio. Lo que queremos, lo que tenemos que hacer es usar estudios serios y ponderados como el que hoy nos presenta la OEA para encontrar mejores soluciones".

El estudio fue elaborado por mandato de los jefes de Estado de la región y tuvo un costo de 2,2 millones de dólares, aportados por varios países de la región y organismos financieros internacionales. La Organización plantea cuatro posibles escenarios de aquí a 2025 sobre el problema de las drogas.

El embajador guatemalteco Edgar Gutiérrez, delegado del gobierno para realizar el informe, explicó que los cuatro escenarios son: el primero seguir la línea actual con el régimen prohibicionista, aunque con algunas mejoras en el tema de prevención y salud, un segundo escenario en el que aun con el sistema actual de combate a las drogas, se hagan modificaciones, incluyendo una mayor autonomía de los países "para la experimentación, legalización, sobre todo con drogas suaves como el cannabis".

El tercer escenario, que Gutiérrez dijo que no choca con los anteriores, es un énfasis en iniciativas de la sociedad civil y apoyarlas sobre todo en el tema de salud, con planes de reinserción de adictos.

Y el cuarto es el de las naciones de tránsito de drogas y en el que hay "digamos una mayor rebeldía de países que dicen (que) nos están dejando solos y no tenemos capacidad financiera para detener el tráfico", aseguró el embajador. Esas naciones demandan de los países más fuertes y consumidores un mayor compromiso para controlar la demanda, "mayor represión sobre flujos de dinero derivado de la droga", explicó.

Los objetivos planteados en el informe son mejores políticas de drogas, que los recursos para el control de drogas y usuarios de drogas se reasignen para la prevención y el tratamiento, la eliminación de algunos mercados y ganancias del crimen mediante la regulación.

Ante la ausencia de claras recomendaciones en el informe, jefe de gabinete de la OEA Hugo de Zela dijo que no las había "porque nadie se las ha pedido".

Lo que los jefes de Estado "pidieron (a la OEA) es que haga un estudio y un análisis del problema de las drogas, pero nadie le pidió que recomiende opciones de política. Es un poco presuntuoso decirle a los presidentes lo que tienen que hacer", indicó.

Para Carmen Masias, presidenta de la comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el informe favorece que otros países sigan la política que ya aplica Perú, que no penaliza el consumo.

Pero en Bolivia, el vicecanciller Juan Carlos Alurralde, dejó entrever las divergencias que hay en la región. "Nosotros no somos parte de esta nueva corriente que está surgiendo a favor de flexibilizar el uso de algunos psicotrópicos", dijo. Señaló que la política de su país es que "la coca en su estado natural no es droga. Pero no vamos a flexibilizar nuestra posición en la lucha contra las drogas", dijo.

En la vecina Venezuela, señalada por Washington de ser uno de los principales puentes de tráfico de droga en la región, el abogado criminalista Luis Izquiel destacó que debe debatirse el asunto porque entre otros temas, el narcotráfico es visto como uno de los principales motores de la criminalidad que afecta a su país. "Aquí el consumo de drogas es enorme y la mayoría de los delincuentes están en eso", dijo Izquiel.

El actual gobernador del estado central venezolano de Aragua y ex ministro del Interior, Tareck el Aissami, ha expresado que no hay en el gobierno de Caracas ninguna iniciativa para impulsar la despenalización.

Los gobiernos de la región tendrán la primera oportunidad de comentar el informe cuando se reúnan en junio durante la Asamblea General de la OEA en Antigua, Guatemala, la cual tendrá como tema central la reevaluación de las estrategias antidrogas. Pero es poco probable que la declaración de Antigua incluya un análisis profundo del informe Insulza puesto que las negociaciones sobre el texto van bastante adelantadas.

El portavoz del Departamento de Estado William Ostick dijo que su país planea llegar a Antigua "a compartir nuestras investigaciones y experiencias más recientes en prevención y tratamiento por drogas. Sabemos que otros líderes también traerán sus propias estadísticas, y esperamos un diálogo útil y productivo".

"Confiamos en que el estudio sea balanceado e integral", agregó.

En Estados Unidos, los votantes en los estados de Colorado y Washington decidieron en noviembre legalizar la marihuana para uso recreativo, pese a que la ley federal y el resto del país la siguen prohibiendo.

Rafael Lemaitre, portavoz de la Oficina de Política para el Control Nacional de Drogas, dijo que el informe respalda aspectos claves de la nueva visión estadounidense sobre la política antidrogas, y resaltó que "cualquier sugerencia que las naciones legalicen drogas como la heroína, cocaína, marihuana y las metanfetaminas, va en contra de cualquier visión de salud pública basada en evidencias".

El presidente uruguayo José Mujica, un ex guerrillero izquierdista, ha impulsado en los últimos meses un plan para poner al gobierno a cargo de las ventas de marihuana, además de otras leyes liberales como la despenalización del aborto y la aprobación de matrimonios homosexuales.

"Nunca antes una organización multilateral se embarcó en una análisis tan inclusivo e intelectualmente legítimo sobre las opciones de una política de drogas. De hecho, era inconcebible hace solamente dos años que la OEA, o cualquier otra organización multilateral, publicara un documento que considerara la legalización", dijo Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la no gubernamental Alianza de Política de Drogas, en Estados Unidos.

"La noción de que la OEA reúne a 50 personas, incluyendo un número de nuestros aliados y gente asociada con reformas, y que entonces tengan esta discusión y produzcan un informe que no estuvo sujeto a un intenso escrutinio público y censura, es de hecho extraordinario", agregó.

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