TEGUCIGALPA -- El acuerdo para restituir en el cargo a Manuel Zelaya al frente de un gobierno de reconciliación fue presentando el viernes ante el Congreso, que deberá convocar a sesiones para decidir el retorno del mandatario derrocado por un golpe militar hace cuatro meses.

Los negociadores en la crisis presentaron el documento del llamado pacto Tegucigalpa-San José a la secretaría del órgano legislativo, que como ente soberano decidirá la fecha para votar por la reinstalación del líder depuesto.

El representante de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Víctor Rico, había anunciado antes que las partes firmaron oficialmente el acuerdo con su cronograma y aplicaciones para resolver la crisis política.

Señaló que como parte del acuerdo a más tardar el 5 de noviembre se deberá conformar el gobierno de unidad y reconciliación nacional. El 2 de noviembre, se conformará la Comisión de Verificación de los acuerdos que coordinará la OEA, según destaca el texto del pacto al que tuvo acceso The Associated Press.

El gobierno estará integrado por los representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, "reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar", señala el acuerdo.

No se tiene una fecha precisa cuándo el Congreso sesionará para abordar la restitución de Zelaya, pero Rico dijo que "naturalmente estoy seguro que los congresistas tendrán plena comprensión de la importancia y urgencia política de estas determinaciones, y espero que lo hagan en el menor plazo posible". El Congreso está en receso.

El acuerdo, alcanzado la noche del jueves, se logró después que Washington envió a tres altos diplomáticos los últimos días para apuntalar las estancadas negociaciones, incluyendo al secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Thomas Shannon.

Los negociadores "reconocieron que Honduras tiene que ir a sus elecciones con el apoyo de la comunidad internacional", manifestó Shannon, quien dijo que permanecerá en Tegucigalpa mientras las partes negocian los detalles del acuerdo.

Según el acuerdo, un gobierno de unidad nacional será responsable de supervisar las elecciones del 29 de noviembre y de la transición hasta que el candidato que resulte electo tome posesión el 27 de enero. Ni Zelaya ni Micheletti están en la disputa presidencial.

Zelaya expresó satisfacción por lo que calificó como "pronta restauración de la democracia", pero aún permanecía en la embajada brasileña. "No me voy a ningún lado", dijo el viernes a la AP.

Agregó que espera una decisión del Congreso "en una semana, más o menos". Exhortó a sus seguidores no incitar a la violencia.

Alrededor de un millar de simpatizantes de Zelaya se congregaron en una plaza frente al Congreso, que está resguardado por militares y la policía. "¡Urge Mel (Zelaya)!", coreaban.

Micheletti, en declaraciones el viernes a la estación HRN, pidió al Congreso "a tomar una decisión basada en la verdad y dentro de la ley".

El acuerdo establece que el Congreso en uso de sus facultades y en consultas con las instancias que "considere pertinentes" como la Corte Suprema de Justicia y conforme a la ley, decida restaurar "la titularidad del Poder Ejecutivo" a su estado previo al 28 de junio, cuando Zelaya fue expulsado en pijamas por los militares.

Con el acuerdo, Zelaya --en el caso de regresar-- debe renunciar a convocar a una Constituyente o reformar la Carta Magna. El interés de reformas a la Constitución mostrado por Zelaya generó crisis y desembocó en su expulsión del poder.

La canciller de Zelaya, Patricia Rodas, dijo el viernes en Panamá que exigirán saber "quienes son los operadores de justicia y que tuvieron que ver con el golpe de Estado y eso sin ningún tipo de investigación extraña".

"Sólo queremos saber quienes firmaron el golpe de estado. Y esas personas que firmaron un golpe de estado no están calificadas para juzgar a nadie, a ningún ciudadano hombre o mujer en Honduras", señaló.