LIMA -- El presidente Alan García dijo el miércoles que América Latina no podrá aceptar "fácilmente" los consejos democráticos y políticos de Europa si persiste en aplicar una legislación antimigratoria que "maltrata" a los inmigrantes latinoamericanos indocumentados.

García también dijo que el jueves, en una reunión que sostendrán los cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA), se espera lograr un "acuerdo de consenso" de los países latinoamericanos en contra de las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento Europeo, que calificó como un "exceso".

"Nuestra expectativa es tener un acuerdo de consenso de los países de América Latina especialmente, y lograr que el Parlamento Europeo reconsidere esta ley de retorno que consideramos en algunos aspectos exagerada", declaró García a periodistas.

El mandatario dijo que confinar a un inmigrante indocumentado en centros especiales de internamiento por hasta 18 meses, como establece la nueva legislación, es un "salto atrás" en la historia política y democrática de Europa.

"Y no creo que de aquí en adelante se puedan fácilmente aceptar consejos democráticos, liberales, y políticos de un continente que maltrata así a quienes llegan por diversas razones, y muchas veces huyendo de la opresión y de las dictaduras", sostuvo García.

La aprobación del Parlamento Europeo de la llamada "Directiva de Retorno" ha generado una ola de cuestionamientos en América Latina, y algunos gobernantes han amenazado con tomar represalias desde cancelar sus exportaciones a Europa hasta suspender negociaciones sobre acuerdos comerciales.

"Vamos a continuar defendiendo a nuestros compatriotas porque no entendemos que nadie tenga el derecho a agraviar de esa manera", sostuvo García.

El presidente señaló su convencimiento de que existen maneras "mucho más eficaces" de manejar el tema de la inmigración, y dijo que Latinoamérica espera que la ley aprobada se aplique de manera flexible y diferente en cada uno de los países de la comunidad europea.

Además felicitó a España por ser el primer país que planteó no aplicar en todos sus alcances la cuestionada directiva europea, "sino suavizarla, flexibilizarla de acuerdo a la realidad histórica".

Cuestionó que Europa haya querido convertir la ilegalidad de un inmigrante "en un acto criminal".

"No se puede caer en un exceso como en el que de verdad ha caído el Parlamento Europeo", dijo el gobernante peruano.