MÉXICO DF. México -- La propuesta en el Congreso estadounidense para legalizar la situación de millones de indocumentados podría tener un efecto contraproducente al recortar las remesas que envían a su país e impedir así el desarrollo económico que podría ayudar a reducir la inmigración.

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Los expertos dicen que la legalización en masa podría permitirles a muchos inmigrantes llevarse a sus familias al norte para que vivan con ellos, lo cual eliminaría la principal razón por la que envían dinero a casa. Eso afectaría a los negocios locales que dependen del dinero proveniente de Estados Unidos.

Miguel Cervantes Jiménez, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que las remesas podrían disminuir hasta en un 40%.

"Si ya tengo mi familia a mi lado, ya no tengo por qué mandar dinero allá", señaló.

Cervantes Jiménez basó su cálculo en parte sobre lo que ocurrió en Turquía, donde dijo que la mitad del total de las remesas desapareció en el 2001, un año después de que Alemania --uno de los principales destinos de los inmigrantes turcos-- aprobó una ley de legalización de grandes alcances.

En el 2005, los inmigrantes en Estados Unidos enviaron a su país de origen 39.000 millones de dólares.

Aproximadamente la mitad de esa cantidad se fue a México, donde las remesas son la segunda mayor fuente de divisas extranjeras, después de la venta de petróleo. El dinero que envían los indocumentados representa la mayor fuente de divisas en El Salvador y Guatemala.

"El efecto en términos de remesas en un plazo de dos a tres años podría ser una declinación", dijo Agustín Escobar, especialista en inmigración en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de México.

No existen cifras confiables sobre qué ocurrió con las remesas a México después que una ley estadounidense de 1986 legalizó a 2,6 millones de indocumentados; el gobierno mexicano reconoce que en esa época no seguía muy de cerca lo que ocurría con esos ingresos.

Según cifras del banco central, las remesas aumentaron el 39% en 1987, y luego descendieron 13% en 1988. Para 1990, el banco dejó de lado su viejo sistema para contabilizarlas aduciendo que no era confiable.

Una fuerte caída en las remesas podría ser devastadora para pueblos como Santa Ana del Valle, estado de Oaxaca, que tiene el mayor índice de inmigración de México y donde el 46% de los hogares reciben dinero enviado desde Estados Unidos.

"Aquí hay muchos que tienen familia allá, y que les mandan dinero. Gran parte del pueblo depende de eso", indicó el concejal Reynaldo Bautista, de 52 años.

Bautista dijo que, si pudieran, muchos inmigrantes se llevarían a sus familias con ellos al norte, un sueño que sería más fácil si se autoriza la legalización.

El funcionario es en sí mismo un ejemplo: Llevó a su esposa e hijos a vivir con él en Estados Unidos cuando obtuvo la residencia. Regresó solo para servir como concejal --una obligación exigida a los hombres de este pueblo indígena tradicional--, pero piensa regresar al norte en cuanto concluya su período de dos años.

Los efectos de cualquier proyecto de ley para legalizar a los indocumentados no serían inmediatos, señaló Escobar, porque llevaría tiempo para que los inmigrantes en Estados Unidos pudieran pagar el traslado de sus familiares y tramitar su residencia. En un principio podría incluso haber un incremento en las remesas.

"La legalización normalmente mejora las condiciones de trabajo de los trabajadores, y esto tiene un efecto a bastante corto plazo en sus ingresos y por lo mismo, en su capacidad de enviar remesas", indicó.

Sin embargo, dijo, las ciudades de tamaño medio sentirían una eventual caída "en los centros regionales donde estaban los prestamistas, donde se vendían los insumos agrícolas, donde estaban todos los insumos de negocios".

Jerónimo Cortina, experto en ciencias políticas del Instituto de Política Tomás Rivera, con sede en California, dijo que una caída así podría afectar las reservas mexicanas de divisas extranjeras.

En todo el mundo, las remesas alcanzaron los 226.000 millones de dólares en el 2004, según el Banco Mundial, con 145.000 millones de dólares para países en desarrollo encabezados por India, China y México.

Un informe del Banco Mundial del 2006 indicó que las remesas equivalen al doble de toda la ayuda internacional para el desarrollo, y señaló que pueden "mejorar la solvencia de un país para solicitar préstamos externos y... ampliar el acceso al capital y a menores costos de los préstamos".

El informe sugirió que la mejor forma de optimizar el desarrollo en los países natales de los inmigrantes serían "programas de inmigración administrados... que combinen la inmigración temporal de trabajadores poco calificados con incentivos para que regresen".

Jesús Cervantes, director de estadística del Banco de México, dijo que la economía del país sólo sufriría en una situación extrema, como si los seis millones de sus inmigrantes indocumentados en Estados Unidos fueran deportados al mismo tiempo.

Considera poco probable que haya una fuerte caída en las remesas, y pronostica que habrá un flujo constante de inmigrantes --y por lo tanto de remesas-- durante tres décadas cuando menos, al persistir las diferencias salariales entre ambos países incluso bajo los mejores pronósticos.

Cervantes dijo que ya ha habido amnistías y reformas anteriormente, y seguirán ocurriendo periódicamente a medida que Estados Unidos se ajusta a su necesidad de mano de obra.

La pérdida de remesas podría ser compensada por dinero enviado a su país de origen por parte de los inmigrantes temporales que participen en un programa ampliado de trabajadores invitados, o por los que permanezcan al margen de la ley, y por lo tanto sería menos probable que llevaran a sus familias con ellos.

La posición oficial del gobierno mexicano es que el hecho de que sus inmigrantes legalicen su situación es más importante que cualquier pérdida potencial de remesas.

"Desde luego, no sería ningún problema para la construcción económica del país si ocurriera eso, si los co-ciudadanos de este país tienen mejores y sobre todo mucho más dignas condiciones de vida" en Estados Unidos, dijo el portavoz presidencial Rubén Aguilar.